Pensiones públicas de jubilación

Pensiones públicas de jubilación

 

Todo el derecho se explica como privilegio, y el privilegio, a su vez, como poder. La nómina mensual de pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 8.169 millones de euros este mes de febrero. El crecimiento interanual del gasto fue del 3,10%. El número de pensiones contributivas registró este mes un total de 9.267.273, lo que equivale a un incremento interanual del 1,30%. Por contra, el número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 16.575.312 ocupados, lo que supone un descenso de 199.902 personas (-1,19%). Los crecimientos anuales del gasto agregado han pasado de más del 5% anual para el periodo 2008-2012, a crecimientos aún considerables pero menores del 3% desde la entrada en vigor el 1 de enero de 2013 de la ley que reforma el sistema de la Seguridad Social, pero con mecanismos para reducciones adicionales en años posteriores.

 

Es de valor limitado argumentar que la reducción en el ratio cotizantes-pensionistas hace insostenible el sistema público de pensiones de jubilación, en un contexto europeo de envejecimiento de la población. Quiero decir, que se ha traído a la luz una realidad, pero es una realidad superficial de cabo a rabo y no contiene un sólo punto de vista que sea verdadero en sí, real y universal, prescindiendo de intereses privados para potenciar negocios de pensiones. En nuestro estado de derecho y de democracia, el número de cotizantes y de pensionistas tiene más fuerza para explicar el poder de los colectivos. De hecho, la caída de la inflación da más poder adquisitivo a las pensiones y es consecuencia directa de las políticas adoptadas en España para garantizar las pensiones públicas. En términos técnicos, las pensiones públicas de jubilación no debieran haberse revalorizado el 0,25% este año porque el factor de sostenibilidad continúa siendo negativo, ya que los ingresos siguen siendo insuficientes para pagar las pensiones. Ha sido una decisión política el incremento de las pensiones a pesar de que con ello no se corrige la situación, sino que se agrava. En este caso, al tomar una decisión, la pregunta qué coste tendrá si me equivoco, no recae sobre el sistema de la Seguridad Social, la pregunta recae sobre el colectivo de pensionistas como votantes. En Grecia, a modo de ejemplo de enorme actualidad, su gobierno está defendiendo a sus votantes pensionistas en su plan para lograr una prórroga de cuatro meses del programa de rescate actual. El problema es del significado del ratio cotizantes-pensionistas: un sentido técnico o un sentido de relaciones de poder. En el primer caso, el ratio es un indicador teórico que conduce a un balance entre los que aportan al sistema y los que gastan; en el segundo, la existencia del gasto puede considerarse como algo lo suficientemente trascendente para justificar las políticas de continuidad y sostenibilidad en el pago de las pensiones públicas.

 

Con las reformas del sistema de pensiones se está trasformando el derecho de la pensión de jubilación hacia un modo de pago asistencial, de acción de prestar socorro, favor o ayuda. Primero, la delimitación del umbral de pobreza en España y la reordenación integral de las prestaciones no contributivas y segundo, las pensiones contributivas atendiendo a los nuevos factores de año de nacimiento, esperanza de vida al jubilarse, tratamiento especial para los discapacitados, anticipo en la fecha de jubilación, balance de ingresos y pagos agregados del sistema para determinar el importe de revalorización, prestación media del sistema, envejecimiento activo, que determinan el importe de la prestación pública atendiendo a las circunstancias personales de los beneficiarios.

 

Todo es oscuro en la idea del ratio cotizantes-pensionistas si se piensa como un indicador de balance entre contribuyentes y beneficiarios, con conclusiones erróneas de que las pensiones públicas no son sostenibles. En cambio, es una idea clara, viva, fija, poderosa, de una sociedad desarrollada, la necesidad política de atender el gasto en pensiones para todo el colectivo de pensionistas en España, hayan contribuido o no al sistema. Es por ello que el sector privado tiene su responsabilidad en el desarrollo de los sistemas complementarios que están garantizados por la Constitución española, a la pensión pública y de carácter privado, a través de las relaciones laborales empresario-trabajador o del ahorro particular. Las pensiones privadas se justifican en tanto que las pensiones públicas son asistenciales y están topadas para atender a todo el colectivo de pensionistas. No existe competencia del sector público con el sector privado. Son ámbitos distintos, de diferente nivel y en este sentido, es potenciar el sector privado de pensiones para elevar el bienestar a la jubilación. La riqueza de la sociedad estará en el buen desarrollo de su sistema privado de pensiones.

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