Necesarios incentivos fiscales para las pensiones privadas

Necesarios incentivos fiscales para las pensiones privadas

 

No es importante ni la cuestión del incremento de la pensión pública ni la fe que se le debiera profesar a la sostenibilidad del mal llamado sistema público de pensiones; lo importante será determinar cómo comportarse frente a la complejidad de sobrevivir épocas sin ingresos del trabajo y la supervivencia una vez finalizada la vida laboral activa. Siempre quedará la opción de pensar que el trabajo es vida.  Estas terribles palabras significan para quienes tenga oídos que sufrir nos ofrece la mejor protección puesto que aumenta la probabilidad de que los individuos hagan caso de las señales de la Seguridad Social, para las pensiones públicas pero también para la sanidad, y actúen para evitar sus consecuencias.

 

Ha sido tentador y estimulante creer que el sistema público de pensiones resolvería cualquier necesidad de ingresos monetarios a la jubilación, fallecimiento o invalideces. Un pensamiento que ha cobrado gran poder en la sociedad española por ser poco dotada para la previsión. El reforzamiento de la racionalidad requiere probablemente que se presente mayor consideración a la vulnerabilidad de la cosa pública. El hecho de que la conversión del salario diferido en pensión pública sea imprecisa y carezca en último término de significado para la capitalización individual es una desventaja: no convenía que el sistema público fuese comprendido, bastaba con que constituyese una fuente de financiación para los actuales pensionistas a la vez que ciudadanos en el ejercicio de su derecho al voto. La detección del riesgo como su evitación no se resuelve en la parte de las ideas sino en la  parte emocional. Esta tesis es satisfactoria si es útil para comportarse de otro modo, basado en el ahorro individual y la inversión privada,  frente a las necesidades de ingresos monetarios a la jubilación.

 

El Gobierno de España parece pretender para este año 2014 que los empleados públicos elijan entre parte de su salario actual o convertirlo en salario diferido a través de su plan de pensiones privado. Para los años 2012 y 2013, el sector público no pudo realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivos que incluyen la cobertura de la contingencia de jubilación. Por el contrario, las limitaciones a las aportaciones continúan con la excepción novedosa que no se produzcan incrementos de la masa salarial de la Administración, entidades y sociedades públicas por las aportaciones a planes o contratos de seguro suscritos con anterioridad al 31 de diciembre de 2011. En vista de la especulación acerca de las intenciones del Gobierno, que deberán ser confirmadas o no con la previsible próxima reforma fiscal, el móvil transformador que empuja hacía el ahorro privado y la pensión privada podría ser sus ventajas fiscales en la tributación que se aplaza al vencimiento al cobro de la prestación, corriente de opinión que no fluye con fuerza suficiente para haber conseguido  el desarrollo de las pensiones privadas en España a niveles de nuestro entorno europeo.

 

La verdad en el modelo económico español de miles de pequeñas y medianas empresas y de millones de trabajadores contratados por estas PYMES, está en la relación laboral y en la reducción de costes consecuencia del ajuste por la supervivencia empresarial. Las cifras de este ajuste salarial sitúan a España únicamente detrás de Grecia como el país con mayor reducción de los salarios. La respuesta al desarrollo de pensiones privadas en España pasa por incentivar fiscalmente a las empresas que de modo significativo solventen las necesidades de pensión privada de sus trabajadores. Todo lo contrario que la nueva normativa de bases de cotización a la Seguridad Social con la inclusión de los seguros médicos empresariales a favor de sus trabajadores.

 

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