Jubilación anticipada suspendida temporalmente

Jubilación anticipada suspendida temporalmente

 

Repitámoslo una vez más: la Comisión del Pacto de Toledo realizó sus trabajos y formuló sus recomendaciones con el objetivo de establecer las bases para que los poderes públicos tomen sus decisiones en materia de pensiones. Tras su aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión de 25 de enero de 2011, después, la nueva Ley de Pensiones que entró en vigor el pasado 1 de enero de 2013, no tenía como finalidad llevar al ordenamiento de la Seguridad Social los compromisos recogidos, sino, más bien, en un sentido auténtico y originario, el nuevo Gobierno, de modo arbitrario y seducido por sus compromisos con el déficit público, suspende durante tres meses el nuevo articulado de la jubilación anticipada a la edad de  61 años y 63 años.

 

No hace falta tener un cerebro especial para entender qué está pasando. En estos tiempos, el gasto de la Seguridad Social en el pago de prestaciones contributivas está creciendo un 5%. Para el año 2013, las bases máximas de cotización serán de 3.425,70 euros/mes. La misma base en el año 2012 fue de 3.262,50 euros/mes. Las pensiones ya causadas que no superen los 1.000 euros mensuales se incrementarán en un 2%. En caso contrario, será de un 1% para todas aquellas pensiones que superen los 1.000 euros mensuales. La edad media real de jubilación de los españoles se sitúa en los 63,47 años  frente a los 65 años, que era la edad legal de jubilación. Durante tres meses queda suspendida la jubilación anticipada a los 61 y 63 años conforme al artículo 5 de la vigente Ley de Pensiones. El límite de la pensión pública pasa a ser de 2.548,12 euros mensuales y se revaloriza un 1% con referencia al año anterior.

 

La razón para suspender la jubilación anticipada es la apreciación del Comité Económico y Social Europeo, organismo que elabora propuestas en materia de pensiones de nueva legislación europea, de que la tasa de empleo de las personas con edades comprendidas entre los 55 y los 64 años, sigue siendo baja, y se sitúa en torno al 40%. Sus recientes dictámenes, son categóricos en la defensa de iniciativas para crear empleo para los trabajadores mayores, modificar la actitud de los empresarios hacia este grupo de edad y la de los propios trabajadores de más edad. Su lógica es tal que restringiendo el acceso a la jubilación anticipada, el trabajador de más edad continuará trabajando y la tasa de empleo para el colectivo no se reducirá.

 

Ya tenemos nuevos puntos de vista fijados para la próxima reforma de nuestro sistema público de pensiones. Tan solo han transcurrido dos años desde que la Comisión del Pacto de Toledo concluyó qué era necesario para hacer sostenible el sistema. Instaurar otras condiciones de perspectiva para que las instituciones de valor se aseguren ellas mismas su conservación. El futuro acceso a la jubilación anticipada ya no será al gusto de los trabajadores de más edad, tampoco conforme al deseo de las empresas para las que trabajan y de las que cobran su salario, sino, más bien, conforme a directrices de la Unión Europea.

 

Esta superioridad de la lógica frente a lo efectivo es sólo existente cuando el Gobierno reforma la jubilación anticipada. Después, a corto plazo, las restricciones en la jubilación anticipada, sólo ejercen presión creciente sobre otros pilares del sistema de protección social como las pensiones de invalidez o el seguro de desempleo, falseando de este modo los potenciales avances hacia unas finanzas públicas saneadas.

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